Arrendadores presentan opciones ante el desahucio. Sugieren medidas que beneficien a ambas partes.
Una buena comunicación entre el arrendador y el inquilino, así como leyes más claras y la creación de un banco de datos pudieran evitar que muchos casos de atrasos en pagos de renta lleguen a los tribunales y se conviertan en desahucios, opinaron ayer representantes de los dueños de propiedades residenciales.
Rosita Alicea, presidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles (AABI), indicó que la situación ha mejorado mucho para los dueños de propiedades desde que se aprobó la Ley 86 de 2011, pues ya los arrendatarios no se quedan viviendo la propiedad uno o dos años sin pagar. “Ahora, en menos de 90 días, la persona que incumpla el contrato podría estar fuera”, destacó Alicea.
No obstante, reconoció que hay personas que, sobre todo, después del huracán María se han quedado sin empleo o generan menos ingresos, y por ello más propietarios requieren ahora un seguro al momento de arrendar la vivienda. Explicó que la póliza la adquiere el inquilino, y le asegura el pago de hasta tres meses de renta al dueño, en caso de que el arrendatario incumpla con su responsabilidad.
“Ese seguro es una protección para ambas partes, y tiene un costo razonable. Si una persona pierde el empleo, podría hablar con su arrendador para activar el seguro. Serían 90 días que tendría para buscar un nuevo trabajo y seguir pagando”, manifestó Alicea, quien lamentó que muchos propietarios desconozcan de la existencia de ese seguro.
De otro lado, indicó que la AABI propondrá que se delimite por ley la obligación de cada una de las partes en caso de futuros eventos atmosféricos.
El proyecto lo someterán ante la Asamblea Legislativa durante la próxima sesión ordinaria, y busca, entre otras cosas, que se clarifique si el inquilino tiene la responsabilidad de pagar la renta si la energía eléctrica no regresa a la vivienda por un tiempo prolongado.
“Eso es un punto neurálgico que cada arrendador trabajó a su mejor entender, pero hace falta trabajar un proyecto para el bienestar de ambas partes y que los dos queden protegidos”, indicó Alicea.
Por su parte, Eddie López, presidente de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, reconoció que el proceso de desahucio se ha agilizado en los últimos años, pero dijo que, “si las leyes fueran más estrictas y se hicieran cumplir, el proceso fuera más justo y efectivo”. “Aquí, las reglas no son claras y no se cumplen, y se convierte en un problema resolver la situación (de falta de pago)”, señaló.
Propuso estandarizar los contratos de compraventa y los de alquiler, de modo que todas las partes sepan a qué atenerse, y señaló que en el estado de la Florida -donde también ejerce-, los contratos de compraventa son estándares. “Hay quienes piensan que en Puerto Rico no sería efectivo porque cada caso es distinto. Pero yo pienso que se puede estandarizar en la mayoría de los casos, y cuando surjan excepciones, la relación entre las partes podría establecer acuerdos”.
El abogado Ángel Cintrón dijo que siempre debe imperar “un fino balance entre ambas partes y la buena comunicación”.
Sugirió que, para minimizar el riesgo de incumplimiento de contrato, el arrendador haga una mejor investigación de los inquilinos prospectos antes de alquilarle la propiedad.
No obstante, reconoció que la tarea es complicada. “En el Credit Bureau, no suelen reportarse cómo pagan los alquileres de vivienda. Tampoco aquí hay un banco formal de datos como en Estados Unidos. Allá se arriendan más casas, y el mercado se ha sofisticado más”, manifestó el abogado.
Publicado en elnuevodia.com el 7 de agosto de 2018
