Vecinos de Dos Pinos defienden sus Airbnb
● Propietarios de alquileres de corto plazo aseguran que la actividad beneficia a la comunidad rescatando propiedades en desuso
A Ricardo Rivera Barral, el huracán María y la pandemia del COVID-19 le tiraron por el suelo.
Ambos eventos hicieron agua el negocio que tenía en Santurce y luego de malas experiencias con el alquiler de otra residencia en Carolina y que terminó entregándola al banco, Rivera Barral optó por dedicar uno de sus cuartos en la residencia que posee en Dos Pinos, en Río Piedras, al alojamiento compartido.
Explicó que para el 2017, se interesó en ser anfitrión de Airbnb y cuando los problemas económicos arreciaron, esa fue la oportunidad para proveer su sustento.
Ahora, cinco años más tarde, Rivera Barral no solo convirtió parte de su residencia en Dos Pinos en unidades de Airbnb sino que compró otra residencia allí para el mismo fin. La empresa ya genera suficiente ingresos como para que él y su esposa, Jeamaly Rivera Pérez, renunciaran a sus trabajos y dedicarse a la incipiente empresa y al cuidado de sus padres.
Rivera Barral no es el único que posee arrendamientos de corto plazo (STR, en inglés) en Dos Pinos. Otra decena de propietarios, en su mayoría residentes locales, hacen lo mismo. Incluso, un residente en Dos Pinos, de origen estadounidense, compró otra casa en la comunidad para convertirla en un STR.
Rivera Barral conversó con El Nuevo Día tras reseñar las denuncias de varios vecinos de Dos Pinos en torno a la proliferación de los STR.
“Nunca he tenido ninguna situación con mis huéspedes”, dijo por su parte, Diana Sambolín , directora de una organización sin fines de lucro, quien dedica una de sus habitaciones a Airbnb y otra parte de su residencia al alquiler de largo plazo.
Sambolín buscó un ingreso extra luego de que tuviera que recurrir a un préstamo para corregir los daños que le ocasionó el huracán María. El STR ahora representa un 20% de sus ingresos mensuales.
Al presente, hay 12 residencias dedicadas al negocio de STR en Dos Pinos, dijo Rivera Barral. Una residencia puede tener más de una unidad de STR.
Las unidades, donde Rivera Barral y Sambolín fungen como anfitriones, están ocupadas la mayor parte del tiempo por viajeros que llegan a San Juan desde lugares tan distantes como Australia para recorrer diversos puntos de la isla. También se alojan personas que viajarán en crucero y otras que residen fuera del área metropolitana y van a la capital para asistir a conciertos y citas médicas, dijeron.
LA DEFINICIÓN DE PERMISOS
Contrario a los alegatos de sus vecinos, Rivera Barral y Sambolín aseguran que sus negocios cuentan con permisos.
Rivera Barral explicó que cuando comenzó su empresa, a un STR solo se pedía presentar una patente municipal y registrarse en la Compañía de Turismo de Puerto Rico para remitir el impuesto de ocupación hotelera. El matrimonio Rivera Barral y Rivera Pérez mostró a este diario la vigencia de ambos trámites.
Aseveró, de igual forma, que tributa al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales por devengar ingresos de alquiler en sus propiedades.
Rivera Barral y Sambolín entienden que la actividad que realizan no requiere de cuentas comerciales de agua y luz, pues se trata de inquilinos en una propiedad residencial sea por un día o un año. Ambos instalaron placas solares para compensar el coste de la electricidad y la falta de servicio.
Además, Rivera Barral dijo que la clasificación R-I (Residencial Intermedio) dada al área en que reside permite la actividad que se realiza.
Rivera Barral agregó que no fue hasta el 2019 cuando el ayuntamiento decidió que era necesario un permiso para operar un STR y desde entonces, ha intentado completar los trámites, sin mayor éxito.
Confirmó que hace un año, tras las querellas de vecinos, el municipio de San Juan le demandó, pero hasta la fecha el caso tampoco se ha resuelto en definitiva aunque se le requiere pagar el trámite del permiso mensualmente y la patente municipal.
Y de paso, Rivera Barral y Sambolín lamentaron que mientras ellos intentan cumplir con los trámites necesarios, al presente, están llegando personas y empresas extranjeras comprando múltiples propiedades para utilizarlas como STR y a estos, el gobierno les otorga incentivos y agilizan sus permisos, mientras a los locales les ponen trabas.
A diferencia de un parador u hotel, los anfitriones que utilizan sus propiedades como STR no están sujetos a inspecciones del Cuerpo de Bomberos u otros requisitos impuestos a hoteles y paradores, alegan entidades como la Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas.
Los entrevistados señalaron que, en su caso, han seguido las recomendaciones de la plataforma virtual como la instalación de detectores de humo y extintores. Aseguraron que ambos son cuidadosos antes de aceptar los huéspedes que se alojarán con ellos y que nunca han tenido problemas o han tenido incidentes que requieran la intervención de la Policía.
Sin embargo, la historia que relatan otros residentes de Dos Pinos es distinta y cuando se ha requerido la llegada de las agencias de seguridad y orden, estos orientan a los huéspedes, pero no parecen radicar querellas o documentar los incidentes.
Ese es el caso, por ejemplo, de Miguel A. Badía Cabrera, y Andino Olguín Arroyo, quienes según escritos examinados por El Nuevo Día viven una odisea por la operación de un STR de nombre “The Yellow Mansion” -que no es propiedad de Rivera Barral ni Sambolín- en la calle Vesta de la comunidad y donde se alegan múltiples incidentes con los huéspedes que llegan.
En un escrito al alcalde de San Juan, Miguel Romero, Olguín Arroyo se opuso formalmente a la operación de los SRT en Dos Pinos, invocando la Escritura de Servidumbre en Equidad 57 del 27 de junio de 1952. Esta establece el uso residencial exclusivo de las viviendas en la urbanización.
Un pedido de información al ayuntamiento no tuvo respuesta.
BENEFICIOS QUE NO SE VEN
Para Rivera Barral y Sambolín, de no haber sido por el alojamiento compartido, la actividad turística en Puerto Rico no hubiera echado raíces, pues el inventario de habitaciones de hotel está rezagado.
Según el empresario, muchas familias han logrado mantenerse a flote gracias a los STR y aseguró que en el caso de Dos Pinos, la llegada de visitantes ha servido para reducir la actividad criminal. Ello, porque residencias que por años estuvieron abandonadas y eran objeto de robos constantes, ahora son ocupadas.
“Aquí no hay prácticamente robos, ahora las casas están ocupadas”, dijo Rivera Barral al asegurar que la actividad que realiza ha sido beneficiosa para su familia, pero también para la comunidad y el turismo.
Así pues, Rivera Barral reclamó al municipio de San Juan que permita completar los permisos que sean necesarios, pues a su juicio la situación con los Airbnb en la isla es similar a lo que antes sucedió con la llegada de Uber y los taxistas.
“Ahora Uber coexiste con los taxistas. Entendemos que nosotros como arrendadores podemos coexistir con el vecindario” RICARDO RIVERA BARRAL DUEÑO DE ALQUILER DE CORTO PLAZO EN LA COMUNIDAD DOS PINOS DE RÍO PIEDRAS
Publicado en ElNuevoDia.com el 22 de abril de 2022
